Un bloque representativo de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones jurídicas y colectivos de derechos humanos acudió al Congreso Nacional para hacer entrega de un paquete de observaciones y propuestas de modificación al proyecto del nuevo Código Penal. Las organizaciones enfatizaron la importancia de sancionar con severidad los delitos de corrupción administrativa, el cibercrimen, el feminicidio y la violencia intrafamiliar, evitando vacíos legales que permitan la impunidad de los agresores o la extinción de dominio sobre bienes mal habidos. Los legisladores integrantes de la comisión especial recibieron las propuestas y prometieron ponderar cada uno de los artículos sugeridos antes de emitir el informe definitivo al pleno. El debate sobre el Código Penal continúa siendo uno de los temas legislativos de mayor seguimiento social.

Las principales asociaciones empresariales e industriales del país emitieron un llamado conjunto a la clase política para lograr consensos que permitan agilizar la aprobación de reformas clave en materia fiscal, laboral y de mercado eléctrico. Los voceros del empresariado señalaron que la República Dominicana enfrenta un entorno global caracterizado por tasas de interés elevadas y volatilidad en los precios de los insumos, por lo que resulta imperativo elevar la competitividad interna mediante un marco regulatorio moderno. Instaron a los partidos de gobierno y de oposición a dejar de lado la confrontación comicial a destiempo y concentrarse en mesas de concertación nacional que brinden certidumbre a la inversión privada y generen empleo formal.

El excandidato presidencial Gonzalo Castillo reapareció en la palestra pública durante un encuentro con comunitarios de Santo Domingo Norte, donde presentó una serie de propuestas orientadas a resolver las recurrentes interrupciones en el servicio eléctrico que afectan a los sectores vulnerables. Castillo criticó el incremento en las tarifas eléctricas y la frecuencia de los apagones registradora en los últimos meses, señalando que la falta de inversión en las redes de distribución ha golpeado duramente la economía de los pequeños comercios y los hogares dominicanos. Prometió que su equipo técnico trabaja en un plan integral para garantizar electricidad 24 horas y reducir las pérdidas de las EDE. Las declaraciones del dirigente político fueron recibidas con agrado por los asistentes al encuentro, reconectando con bases comunitarias de la zona metropolitana. El retorno de figuras de perfil técnico a las actividades territoriales del PLD marca la estrategia de reorganización del partido con miras a los próximos compromisos electorales.

La Fuerza del Pueblo intensificó sus jornadas de juramentación y reestructuración de comités de base e intermedios en las tres circunscripciones del Distrito Nacional, consolidando su presencia en las zonas urbanas de la capital. Los coordinadores de la circunscripción número tres destacaron que la incorporación de profesionales, jóvenes universitarios y líderes comunitarios refleja el crecimiento sostenido del partido bajo la conducción del expresidente Leonel Fernández. Sostuvieron que la meta es convertir a la capital en un bastión inexpugnable del partido verdinegro. Las actividades de empadronamiento y formación política continuarán durante los próximos meses en los barrios populares del Distrito. La dirigencia capitalina ratificó su determinación de encabezar la fiscalización de los problemas comunitarios como la basura, la energía y la seguridad ciudadana.

Representantes de asociaciones comerciales cuestionaron los operativos de fiscalización y cierre de establecimientos ejecutados de manera conjunta por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y Pro Consumidor en arterias comerciales de la capital. Los directivos de los comerciantes afirmaron que, si bien apoyan el cumplimiento de las normas tributarias y de defensa al consumidor, los procedimientos deben aplicarse de forma equitativa y sin incurrir en abusos que afecten la imagen de las empresas formales golpeadas por la competencia desleal. Las instituciones estatales sostuvieron por su parte que los operativos buscan proteger los derechos de los contribuyentes y garantizar que todos los actores económicos cumplan con las obligaciones fiscales vigentes.

El dirigente del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Simón Lizardo, ponderó la labor desempeñada por Francisco Javier García en los trabajos de reorganización y fortalecimiento de las estructuras internas de la entidad política a nivel nacional. Lizardo señaló que los esfuerzos desplegados por los liderazgos tradicionales del partido han permitido dinamizar los comités intermedios y recuperar la confianza de las bases tras los reveses electorales pasados. Afirmó que el proceso de renovación interna avanza a paso firme, posicionando al PLD como una opción madura y fiscalizadora frente a las ejecutorias del gobierno. Asimismo, el dirigente reiteró que la meta central de la organización es construir un programa de gobierno incluyente que responda a las demandas de estabilidad económica, empleo y seguridad que reclama la sociedad dominicana. Destacó que la unidad del liderazgo morado es el pilar fundamental para garantizar el triunfo en 2028.

El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dio a conocer el calendario formal de asambleas, encuentros de evaluación y jornadas de reorganización que desplegará en las catorce provincias de la región Cibao. El secretario general del partido explicó que las jornadas contarán con la participación directa de miembros de la alta dirección y técnicos de la Secretaría de Organización para validar los padrones locales y coordinar la elección de las nuevas autoridades provinciales y municipales. La activación del PLD en el Cibao busca reestructurar el trabajo político en una de las zonas de mayor peso económico y electoral del país. La dirigencia morada ratificó su objetivo de reconstruir una plataforma política sólida que vuelva a concitar la confianza de las amplias mayorías en 2028.

El debate presupuestario y político en torno a la Reforma Policial ha puesto de relieve la urgencia de destinar mayores partidas hacia la adquisición de tecnología de vigilancia y la mejora salarial de los agentes del orden. Expertos en políticas públicas y seguridad afirmaron que la transformación del cuerpo del orden requiere un presupuesto sostenible a largo plazo que financie centros de formación moderna, cámaras corporales y mejores condiciones de vida para el personal operacional. Legisladores de diversas bancadas apoyaron la asignación de recursos adicionales para la seguridad, subrayando que la paz ciudadana es la condición fundamental para el desarrollo económico y el turismo en todo el país.

El sector arrocero nacional y diversas organizaciones agropecuarias manifestaron su profunda preocupación ante las persistentes presiones ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos para que la República Dominicana derogue el Decreto 693-24, medida que protege la producción nacional de arroz frente a las importaciones desgravadas bajo el acuerdo DR-CAFTA. Dirigentes del sector agrario advirtieron que la eliminación de la salvaguarda arrocera colocaría en riesgo inminente la subsistencia de más de 30 mil productores locales y la estabilidad económica de amplias regiones del Cibao y el Sur del país. Argumentaron que el arroz no es solo un producto de la canasta básica, sino un pilar de la soberanía alimentaria y la paz social de la nación. En el plano político, legisladores de diversas bancadas han hecho un llamado al Poder Ejecutivo para mantener una posición firme en las negociaciones bilaterales con Washington. Exigieron utilizar todos los mecanismos diplomáticos y legales contemplados en el derecho internacional para defender la producción agrícola nacional frente a subsidios extranjeros.

Las discusiones preliminares sobre el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el próximo ejercicio fiscal se han concentrado en la exigencia de reorientar partidas hacia los sectores prioritarios de la salud pública y la seguridad ciudadana. Legisladores de las bancadas de oposición señalaron que los recursos destinados al remozamiento de hospitales y al equipamiento de la Policía Nacional resultan insuficientes ante el aumento de las demandas sociales y la criminalidad urbana. Exigieron reducir los gastos en publicidad oficial y consultorías para fortalecer la inversión en los servicios esenciales. Por su parte, los representantes del bloque oficialista defendieron la formulación presupuestaria enviada por el Ministerio de Hacienda, asegurando que cumple con los techos de sostenibilidad fiscal y garantiza la continuidad de los programas sociales y las grandes obras de infraestructura en ejecución.