La Fuerza del Pueblo intensificó sus jornadas de juramentación y reestructuración de comités de base e intermedios en las tres circunscripciones del Distrito Nacional, consolidando su presencia en las zonas urbanas de la capital. Los coordinadores de la circunscripción número tres destacaron que la incorporación de profesionales, jóvenes universitarios y líderes comunitarios refleja el crecimiento sostenido del partido bajo la conducción del expresidente Leonel Fernández. Sostuvieron que la meta es convertir a la capital en un bastión inexpugnable del partido verdinegro. Las actividades de empadronamiento y formación política continuarán durante los próximos meses en los barrios populares del Distrito. La dirigencia capitalina ratificó su determinación de encabezar la fiscalización de los problemas comunitarios como la basura, la energía y la seguridad ciudadana.

Un bloque representativo de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones jurídicas y colectivos de derechos humanos acudió al Congreso Nacional para hacer entrega de un paquete de observaciones y propuestas de modificación al proyecto del nuevo Código Penal. Las organizaciones enfatizaron la importancia de sancionar con severidad los delitos de corrupción administrativa, el cibercrimen, el feminicidio y la violencia intrafamiliar, evitando vacíos legales que permitan la impunidad de los agresores o la extinción de dominio sobre bienes mal habidos. Los legisladores integrantes de la comisión especial recibieron las propuestas y prometieron ponderar cada uno de los artículos sugeridos antes de emitir el informe definitivo al pleno. El debate sobre el Código Penal continúa siendo uno de los temas legislativos de mayor seguimiento social.

Especialistas en investigación social y ciencia política cuestionaron la indiferencia mostrada por las cúpulas de los partidos políticos frente a los recientes informes académicos que diagnostican las causas del elevado abstencionismo electoral en la República Dominicana. Los estudios revelan que la falta de propuestas programáticas diferenciadas, el desencanto con la corrupción y la percepción de que los partidos operan como maquinarias cerradas de intereses son los factores determinantes en el distanciamiento de los jóvenes y las clases medias de las urnas. Los analistas advirtieron que ignorar estas alertas sistemáticas pone en riesgo la legitimidad democrática a mediano plazo. Instaron a los liderazgos políticos a realizar una autocrítica profunda y abrir las estructuras de decisión a la participación ciudadana no militante.

Organizaciones comunitarias y dirigentes políticos radicados en la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva Jersey hicieron un llamado público al Congreso Nacional y a la Junta Central Electoral para que no se reduzcan los fondos destinados a la organización del voto dominicano en el exterior. Los voceros de la diáspora señalaron que el sufragio en el extranjero representa una conquista democrática histórica que garantiza la vinculación cívica de más de medio millón de criollos empadronados fuera del territorio nacional. Destacaron que los aportes por concepto de remesas justifican plenamente la inversión estatal en la logística electoral exterior. Asimismo, solicitaron mayor transparencia y eficiencia en el funcionamiento de las ocles y consulados para evitar que problemas administrativos mermen la participación de los dominicanos residentes en Estados Unidos y Europa en los próximos comicios.

La Junta Central Electoral (JCE) desplegó a sus inspectores y personal técnico en distintas provincias del país para fiscalizar el desarrollo de las asambleas, consultas y eventos de juramentación celebrados por las organizaciones políticas legalmente reconocidas. El órgano electoral recordó a las cúpulas partidarias que el estricto cumplimiento de los plazos legales, la transparencia financiera y la equidad de género constituyen requisitos indispensables para validar los procesos de reestructuración interna y garantizar la equidad en el uso de los fondos asignados por el Estado. La fiscalización continua busca evitar que las corrientes internas desencadenen actos de precampaña extemporánea que contravengan la normativa vigente. La JCE reiteró que se mantendrá vigilante para sancionar cualquier violación a los reglamentos de propaganda y financiamiento político.

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) generó un intenso debate institucional al emitir declaraciones donde cuestiona los márgenes de rentabilidad que obtienen las entidades bancarias y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a costa de los ahorros de los trabajadores dominicanos. La titular del órgano defensor de los afiliados abogó por una reforma integral a la Ley 87-01 de Seguridad Social que permita diversificar las opciones de inversión de los fondos acumulados, garantizando pensiones más dignas y retornos directos hacia la economía productiva del país en lugar de concentrarse en instrumentos de bajo rendimiento. Las declaraciones de la DIDA encontraron un amplio eco en las bancadas legislativas de oposición y agrupaciones sindicales, que vienen reclamando desde hace años un ajuste estructural al sistema previsional. El tema se proyecta como uno de los ejes centrales de la agenda legislativa en las próximas semanas.

El programa de protección social del gobierno dominicano, Supérate, ejecutó una jornada masiva de inclusión de beneficiarios en la provincia fronteriza de Pedernales, entregando tarjetas y subsidios de apoyo económico a más de 5,000 familias en condición de vulnerabilidad. La ampliación de la cobertura social en el Sur profundo se alinea con la estrategia gubernamental de desarrollo turístico e infraestructura que se ejecuta en la región. Las autoridades del programa explicaron que el objetivo es acompañar el crecimiento económico de Pedernales con un blindaje social que garantice la seguridad alimentaria y la capacitación técnica de los residentes. Dirigentes comunitarios y autoridades locales ponderaron el impacto de la iniciativa en la dinamización del pequeño comercio provincial. Destacaron que el fortalecimiento de los subsidios sociales reduce los índices de migración hacia los centros urbanos y afianza la presencia estatal en las zonas fronterizas.

La próxima conclusión del período reglamentario de varios magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la eventual renovación de su presidencia han abierto una intensa discusión entre juristas, partidos políticos y órganos de la sociedad civil sobre el perfil que debe ostentar la máxima autoridad del Poder Judicial. Sectores de la comunidad jurídica señalan que la persona seleccionada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) debe contar con una sólida trayectoria de independencia política, formación jurisprudencial probada y compromiso inquebrantable con la ética pública. Advertencias de diversos sectores insisten en evitar el reparto partidario dentro de las Altas Cortes. El debate cobra especial relevancia de cara a las reformas institucionales y a los juzgamientos de expedientes de alta corrupción que cursan en los tribunales. La transparencia en el proceso de evaluación de los jueces salientes y la ponderación de los nuevos aspirantes será determinante para preservar la confianza ciudadana en la administración de justicia.

El presidente Luis Abinader encabezó en la provincia de San Cristóbal la entrega de nuevas infraestructuras destinadas a la educación básica y la atención a la primera infancia, beneficiando a cientos de familias en las comunidades de Canastica y Cambita. Durante el acto de inauguración del nuevo Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y el techado escolar de la zona, el mandatario destacó que la inversión en la niñez y en la infraestructura comunitaria constituye la política social más transformadora para romper los círculos intergeneracionales de pobreza. Asimismo, el Jefe de Estado anunció el inicio de los trabajos para la construcción del nuevo Hospital Traumatológico de San Cristóbal, obra demandada por décadas para descongestionar la red de urgencias de la región Valdesia. Las inauguraciones contaron con la presencia de autoridades locales, ministros e integrantes de la comunidad educativa.