Reiteradas denuncias sobre la presencia de familiares directos de altos funcionarios en nóminas gubernamentales han reencendido el debate público sobre la vigencia de la Ley de Función Pública y las normas de ética administrativa.
Organizaciones cívicas exigieron al Ministerio de Administración Pública (MAP) actuar de oficio para corregir distorsiones en las nóminas institucionales y aplicar las sanciones correspondientes a los titulares que violen el principio de mérito e igualdad de acceso a los empleos estatales.
La sociedad civil recalcó que la erradicación del nepotismo es un requisito indispensable para elevar la profesionalización de la burocracia estatal y garantizar la transparencia en el uso del erario.
