La precariedad en los asentamientos ribereños de Santo Domingo es una crisis de derechos humanos latente. La frecuencia de incendios y desastres en zonas como La Ciénaga es un recordatorio de que el crecimiento económico nacional aún no ha logrado resolver el déficit de vivienda digna y segura para los ciudadanos en pobreza extrema.
El reciente incendio que destruyó tres viviendas en La Ciénaga evidencia la urgencia de un plan de ordenamiento territorial que vaya más allá de la respuesta reactiva de los cuerpos de socorro. La pérdida total de los bienes materiales de estas familias profundiza su vulnerabilidad y resalta la necesidad de una reubicación estratégica que reduzca la exposición a riesgos en asentamientos informales. La respuesta institucional debe evolucionar hacia la prevención estructural si se desea detener el ciclo de tragedias domésticas.
La capacidad del Estado para financiar estas transformaciones urbanas depende, en gran medida, de la estabilidad de un panorama geopolítico internacional que dicta el ritmo de los costos energéticos globales.
